La factura energética es uno de los principales gastos corrientes de cualquier administración pública: alumbrado público, edificios municipales, polideportivos, centros culturales, colegios. La buena noticia es que es uno de los gastos con más margen de optimización. La menos buena, que requiere conocer simultáneamente el marco normativo (LCSP, Ley 8/2013, RD 56/2016), el mercado eléctrico y la realidad técnica de las instalaciones.
Adaptamos el alcance del servicio según el tamaño y las necesidades de cada entidad: desde un análisis puntual de un contrato hasta el acompañamiento integral en la transición energética municipal.
Redacción y revisión técnica de pliegos para licitaciones de suministro eléctrico y gas. Cláusulas de revisión, indicadores de calidad y mecanismos de seguimiento.
Auditoría del alumbrado público actual, propuesta de sustitución por LED, gestión de los CAE generados por el cambio y acompañamiento técnico al ayuntamiento.
Auditoría energética de edificios públicos (oficinas, polideportivos, centros culturales, colegios). Propuesta de medidas según ratio coste-ahorro.
Análisis de todos los CUPS del organismo, revisión de tarifas y potencias contratadas, propuesta de optimización dentro del marco normativo.
Apoyo técnico en la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Diagnóstico inicial, fijación de objetivos y plan de medidas.
Estudio de viabilidad de instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales. Modelos de financiación incluido autoconsumo compartido.
El sector público tiene un marco normativo específico que combina obligaciones de contratación (LCSP), obligaciones de eficiencia (Ley 8/2013, RD 56/2016) y compromisos europeos (Pacto de las Alcaldías, Directiva 2023/1791).
Conocer cómo se integran estas normas con la realidad técnica del organismo es lo que diferencia un buen asesoramiento energético público de uno genérico.
"En el sector público, el primer beneficio de una buena asesoría energética no es solo el ahorro económico: es que las decisiones de contratación estén documentadas técnicamente y resistan cualquier auditoría."
— Javier Santos, Alesan SolucionesLey de Contratos del Sector Público. Marco para todas las licitaciones de suministro energético y servicios energéticos en el ámbito público.
Obligación de auditoría energética cada 4 años para grandes administraciones y planes de eficiencia energética.
Directiva de Eficiencia Energética. Establece objetivos vinculantes de reducción de consumo en el sector público hasta 2030.
Compromiso voluntario de los municipios para reducir emisiones GEI y mejorar la eficiencia energética con horizonte 2030.
Sistema de Certificados de Ahorro Energético. El sector público puede generar y monetizar CAE por sus actuaciones de eficiencia.
Servicios y suministros ≤15.000€. Obras ≤40.000€. Procedimiento ágil sin licitación.
Servicios <100.000€. Obras <2 M€. Tramitación más rápida que el abierto ordinario.
Cualquier importe. Mayor concurrencia y garantías. Habitual para alumbrado LED.
Central de Contratación del Estado para suministros agregados. Adhesión simple.
El alumbrado público suele representar entre el 30% y el 50% del consumo eléctrico municipal. Como referencia, la licitación del Ayuntamiento de Madrid para la sustitución de más de 225.000 puntos de luz supuso un ahorro energético del 44%. La sustitución de luminarias de vapor de sodio o halogenuros metálicos por LED de alta eficiencia es la actuación con mayor retorno económico inmediato.
Además del ahorro directo en factura, el alumbrado público es una de las actuaciones con mayor generación de CAE: cientos de luminarias funcionando muchas horas al año = miles o decenas de miles de euros en certificados.
Rangos orientativos. El cálculo exacto requiere inventario detallado del alumbrado actual.
Adaptado al marco normativo y a los tiempos de la administración pública.
Contacto con el responsable técnico o cargo electo. Identificación de prioridades, plazos y procedimiento de contratación aplicable.
Análisis de todos los CUPS del organismo, inventario de instalaciones, revisión de contratos vigentes y cuantificación del potencial de ahorro.
Memoria técnica con medidas, plazos y resultados esperados. Formalización mediante el procedimiento de contratación adecuado al importe.
Implementación de las medidas, seguimiento de indicadores y reporting periódico al pleno o comisión correspondiente. Tramitación de CAE.
Valoraciones verificadas por Google de empresas, comunidades y particulares que ya trabajan con Alesan.
No todos los asesores energéticos están preparados para trabajar con administraciones públicas. Esto marca la diferencia:
Sí. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la contratación de servicios de consultoría energética. Para importes pequeños, mediante contrato menor; para mayores, mediante procedimientos abiertos. Muchos servicios pueden estructurarse sin coste directo cuando el ahorro generado financia el servicio (modelo de ahorro compartido).
Tres opciones principales: acuerdos marco centralizados (Central de Contratación del Estado), licitaciones propias del organismo mediante procedimiento abierto, o adhesión a contratos de otras administraciones. El diseño del pliego técnico tiene un impacto directo en el coste durante toda la vigencia del contrato.
El Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible es el documento estratégico de los municipios firmantes del Pacto de las Alcaldías. Define objetivos vinculantes de reducción de emisiones, mejora de eficiencia y aumento de renovables a 2030. Es referencia para acceder a fondos europeos y autonómicos de transición energética.
Para un ayuntamiento mediano de Madrid Sur con 50-150 puntos de suministro, el ahorro anual puede ser de 15.000€ a 80.000€ combinando optimización de potencias, cambio de comercializadora y revisión de tarifas. Si se incluye el cambio de alumbrado a LED, la cifra puede multiplicarse.
Sí, y es una de las actuaciones con mayor potencial de CAE en el sector público. Cientos o miles de luminarias funcionando ~4.000 horas anuales generan ahorros energéticos verificables muy significativos. Los CAE generados pueden destinarse a financiar nuevas actuaciones de eficiencia.
Para grandes administraciones (definidas por la Ley 8/2013), la auditoría energética es obligatoria cada 4 años conforme al RD 56/2016. Para administraciones más pequeñas, no es obligatoria pero sí recomendable: identifica oportunidades de ahorro que el organismo desconoce y respalda técnicamente las decisiones de inversión.
Firmar el Pacto de las Alcaldías permite al municipio acceder a financiación europea preferente para proyectos de eficiencia y renovables, recibir apoyo técnico del Joint Research Centre, integrarse en una red europea de buenas prácticas, y demostrar compromiso público con la transición energética. Es prerrequisito habitual en convocatorias de fondos europeos como los Next Generation EU para municipios.
El contrato menor es ágil pero limitado en importe (≤15.000€ servicios y suministros, ≤40.000€ obras según la última reforma) y sin necesidad de licitación. El procedimiento abierto exige publicación, plazos legales y mesa de contratación, pero permite contratos de cualquier importe con garantías de concurrencia. La elección del procedimiento condiciona los tiempos y el alcance de cualquier servicio energético contratado.
Sí. Las administraciones públicas que ejecuten actuaciones de eficiencia energética elegibles (alumbrado LED, climatización eficiente, aislamiento, renovables) pueden generar CAE y cederlos a las empresas obligadas. El ingreso obtenido entra en el presupuesto municipal y puede destinarse a financiar nuevas actuaciones de eficiencia, dando continuidad al proceso de transición energética sin generar déficit.
Listado completo de los CUPS (puntos de suministro eléctrico y de gas) del organismo, últimas facturas de cada CUPS, contratos vigentes con comercializadoras, e inventario del alumbrado público (número, tipo y potencia de luminarias). Alesan firma los acuerdos de confidencialidad pertinentes antes de acceder a esta información.
Contáctanos para una reunión inicial sin compromiso. Analizamos las posibilidades concretas para tu organismo y proponemos el modelo de colaboración más adecuado.
Reunión inicial sin compromiso · Adaptación al marco LCSP · Confidencialidad garantizada
